Historia agraria en la Revolución Méxicana

A raíz del estallido de la Revolución Mexicana en el año de 1910, los indígenas tenían la  esperanza recuperar sus heredades o de poseer un pedazo de tierra. El 28 de noviembre de 1911 se promulgó el Plan de Ayala, que incluyó la demanda agrarista: “Para los campesinos insurgentes, los ejidos de los pueblos eran tierras que éstos siempre habían poseído y cultivado” (Ruiz Medrano, 2012, p. 71).

         El 6 de enero de 1915, se creó la Comisión Nacional Agraria, una  Comisión Local Agraria por cada entidad federativa y comités particulares Ejecutivos en cada uno de los poblados solicitantes de tierra; la finalidad de esto fue la dotación, restitución y ampliación de tierras: “La CNA fue el antecedente del artículo 27 de la Constitución de 1917. Finalmente, el 17 de enero de 1934 quedó establecido el Departamento Agrario” (Ruiz Medrano, 2012, p. 72).

         En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el artículo 27 daba prioridad a lo ejidal y no al sistema del fraccionamiento de las haciendas, ese mismo artículo abordó el tema de los latifundios y sus atribuciones,  establecía que para a los pueblos que carecían de tierras se les dotase y los que necesitaban la ampliación se tomaran de las tierras colindantes, siempre y cuando se respetara la pequeña propiedad (Ruiz Medrano, 2012), quedando esto en sólo una promesa, hasta que en la década de los treinta se dotó de tierra a los campesinos e indígenas con la administración de Cárdenas.

         Al iniciarse la dotación de tierras, después de la Revolución Mexicana, no habían programas que subsidiaran el campo mexicano; en el año de 1926 se creó el Banco Nacional de Crédito Agrario, su principal fin fue coadyuvar a la economía agrícola; dicho Banco fue fundado gracias a las exigencias de muchos sectores agraristas.

Historia del Movimiento agrario antes de la Revolución Méxicana

A lo largo de la historia de México, los indígenas no han sido beneficiados en las diferentes luchas y movimientos que se han emprendido en nuestro país. Su principal reclamo ha sido la tierra; haciendo un poco de historia, en la época del porfiriato, los indígenas carecían de recursos económicos para modernizar su infraestructura, construir obras de riego, así como tener maquinaria para la labranza de la tierra, en cambio seguían practicando las mismas técnicas de cultivo que se usaban desde la época colonial, ya que los apoyos gubernamentales fueron muy escasos. Antes del periodo del gobierno de Díaz, “Los campesinos tradicionalmente explotaban la tierra en forma comunal. Cada pueblo poseía tierras  que eran trabajadas en conjunto por todos sus miembros” (Von Wobeser, 1990, p. 260). a raíz de las leyes de desamortización de la propiedad comunal que empezaron a practicarse desde la época de la reforma y se aplicaron en mayor grado durante el periodo de Porfirio Díaz; finalizo con los sistemas comunales tradicionales que se preservo durante la época de la colonia, dando inicio  así a una nueva forma de organización de las tierras ejidales, que daba prioridad a los mestizos nacionales y extranjeras; “En 1894 se promulgó la Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, insistiendo en el propósito de colonizar el país, y otorgando a los extranjeros las mismas franquicias que a los nacionales y sin establecer los limites de adquisiciones “ (Rodríguez Adame, 1950, p. 9)

         Durante el gobierno de Porfirio Díaz se inició la instrumentación de la propiedad privada; muchos indígenas venderían sus propiedades y otras fueran invadidas siendo; el mismo gobierno participo a favor de los futuros hacendados y finqueros nacionales y extranjeros. Algunos indígenas conservaron sus parcelas; sin embargo, éstas eran de mala calidad para la siembra y no cubrían las necesidades básicas de sus familias. Durante este periodo, los indígenas perdieron tierras a raíz del deslinde de terrenos baldíos y la colonización, ya que fueron favorecidos muchos particulares (mestizos), “se calcula que pasaron a poder de las haciendas y de las compañías deslindadoras más de 800 mil hectáreas de tierras comunales “(Von Wobeser, 1990, p. 261); por ello, la mayoría de indígenas fueron a trabajar a las haciendas, muchos no tenían tierras suficientes para el cultivo y su sustento y otros las habían vendido o fueron despojados.

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