Historia agraria en la Revolución Méxicana

A raíz del estallido de la Revolución Mexicana en el año de 1910, los indígenas tenían la  esperanza recuperar sus heredades o de poseer un pedazo de tierra. El 28 de noviembre de 1911 se promulgó el Plan de Ayala, que incluyó la demanda agrarista: “Para los campesinos insurgentes, los ejidos de los pueblos eran tierras que éstos siempre habían poseído y cultivado” (Ruiz Medrano, 2012, p. 71).

         El 6 de enero de 1915, se creó la Comisión Nacional Agraria, una  Comisión Local Agraria por cada entidad federativa y comités particulares Ejecutivos en cada uno de los poblados solicitantes de tierra; la finalidad de esto fue la dotación, restitución y ampliación de tierras: “La CNA fue el antecedente del artículo 27 de la Constitución de 1917. Finalmente, el 17 de enero de 1934 quedó establecido el Departamento Agrario” (Ruiz Medrano, 2012, p. 72).

         En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el artículo 27 daba prioridad a lo ejidal y no al sistema del fraccionamiento de las haciendas, ese mismo artículo abordó el tema de los latifundios y sus atribuciones,  establecía que para a los pueblos que carecían de tierras se les dotase y los que necesitaban la ampliación se tomaran de las tierras colindantes, siempre y cuando se respetara la pequeña propiedad (Ruiz Medrano, 2012), quedando esto en sólo una promesa, hasta que en la década de los treinta se dotó de tierra a los campesinos e indígenas con la administración de Cárdenas.

         Al iniciarse la dotación de tierras, después de la Revolución Mexicana, no habían programas que subsidiaran el campo mexicano; en el año de 1926 se creó el Banco Nacional de Crédito Agrario, su principal fin fue coadyuvar a la economía agrícola; dicho Banco fue fundado gracias a las exigencias de muchos sectores agraristas.